Posted on 6 Sep 2013

Historiador del Arte y experto en temas de patrimonio, José De Nordenflycht lleva veinte años insistiendo en la valoración de los bienes culturales chilenos. Una de sus batallas más sostenidas ha sido, por despertar conciencia sobre la importancia del patrimonio como un capital político y económico que da poder a las naciones. “Los países dominantes saben que la administración del patrimonio es un gran negocio, que atrae inversión, prestigio, poder, desarrollo. Por eso invierten en investigarlo y conservarlo”, afirma.

No muchos lo saben, pero en la Unesco —y en su complejo sistema internacional de políticas patrimoniales— la voz del historiador chileno José De Nordenflycht es escuchada.

Como presidente de la sección chilena de la organización no gubernamental ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), De Nordenflycht supervisa y evalúa la política patrimonial de los distintos países suscritos a la Convención de Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Esta ONG elabora informes que entrega a la Unesco, proporcionando bases teóricas y doctrinarias sobre el patrimonio y su protección. Su tarea es llevar la avanzada del pensamiento patrimonial e investigar de qué modo influyen sobre él las nuevas realidades sociales, como la globalización o el surgimiento de movimientos ciudadanos.

La única sección de ICOMOS que mantiene un blog para comunicarse con los ciudadanos es la que dirige De Nordenflycht. De hecho, el año pasado publicó el libro Post patrimonio, una antología de sus columnas de opinión —textos breves posteados en el blog—, las que dan cuenta de su interés por construir nociones comunitarias y actualizadas sobre el tema patrimonial.

José De Nordenflycht tiene 43 años y lleva más de veinte reflexionando activamente sobre la idea de patrimonio. Nació en Viña del Mar, pero está radicado hace ya tiempo en Valparaíso, donde estudió Historia del Arte. Veinteañero aún, escribió en 1992 una tesis poco usual: Bases para la historia de la teoría de la restauración arquitectónica en Chile. Título nada fácil que sus profesores aceptaron “con un dejo de extrañeza”.

“Podría haber hecho la típica monografía sobre un dificio”, argumenta, “o la típica historia urbana sobre un sector de la ciudad, pero no habría sido responsable con mi objeto de estudio. Porque salía a la calle en Valparaíso y los edificios se estaban cayendo a pedazos. Mis objetos de estudio se desmoronaban frente a mis ojos”.

Su interés se cruzó con los movimientos de activismo ciudadano que, a principios de los 90, surgieron en Valparaíso para presionar por la protección del patrimonio. “Formamos el grupo Ciudadanos por Valparaíso para ejercer acciones legales”, señala. Un logro fue, precisamente, salvar de la demolición el edificio Cousiño, en esa ciudad.

Académico de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa Ancha, y doctorado en Historia del Arte —Conocimiento e Investigación del Patrimonio— por la Universidad de Granada, De Nordenflycht es también un activo librepensador y polemista en el circuito académico y en los medios, donde ha manifestado sus críticas ante la forma limitada en que suele entenderse el patrimonio en Chile. Por ello, intenta poner sobre la mesa conceptos más actuales y validados internacionalmente.

"Una idea enquistada en Chile es que el patrimonio se preocupa de lo viejo, de la nostalgia, de lo que ya no sirve"

“Una idea enquistada en Chile es que el patrimonio se preocupa de lo viejo, de la nostalgia, de lo que ya no sirve”

¿Qué malentendidos subsisten acerca de la noción de patrimonio?

Está lleno. Una idea enquistada en Chile es que el patrimonio se preocupa de lo viejo, de la nostalgia, de lo que ya no sirve. Obviamente, es imposible que una cosa sea “vieja” si tú, una persona contemporánea, le encuentras valor patrimonial. Esa valoración es siempre actual y está ligada, también, a la posibilidad de enriquecer el presente y el futuro.

Hagamos la pregunta de rigor: ¿qué es patrimonio?

Es una condición que permite darle valor a algo. Hoy no puede existir ninguna definición de patrimonio que caracterice a un objeto desde sus propios atributos. Es decir, nada es patrimonio en sí mismo, sino que esta condición depende del valor que otros sujetos le dan. Hay que olvidarse de la visión fetichista del patrimonio como un objeto (un monumento, un edificio, una escultura), y poner el foco en los sujetos que permanentemente construyen esa valoración. Una pirámide egipcia no es patrimonio en sí misma, sino que esa categoría se constituye tras un proceso de asignación de valor simbólico, inmaterial, que hace que un bien sea o no protegido en el medio social. El patrimonio es un concepto relacional: de la relación entre los objetos y las personas surge el valor. Y para que eso se produzca es necesario pasar por las comunidades. Y no es porque sea lo políticamente correcto, sino que es del todo necesario. No hay definición de patrimonio sin las comunidades. Y estas no son solo de vecinos, pueblos o etnias; son también comunidades científicas, académicas, de especialistas, de distintos grupos de intereses sectoriales y sensibilidades que operan en el proceso de asignación de valor.

¿Cómo ha evolucionado el concepto de patrimonio desde los 70? ¿Cuál es el principal cambio y por qué se produce?

En la década del 70 cambia esa visión fetichista que ponía el énfasis en el objeto individual y, como decíamos, se privilegia el contexto social que le otorga sentido y valor. Los ecos de este cambio se sintieron por toda la década del 80, que para los países europeos fue la década del patrimonio, donde uno de los enfoques más notables fue rehabilitar las preexistencias arquitectónicas, poniendo el énfasis en los habitantes sobre cualquier otra consideración.

Ya en los 90, con la multiculturalidad, se instala definitivamente la noción de que el patrimonio es una práctica cultural dinámica, donde se ponen en juego valores sociales.

Y las categorías que dividen en patrimonio natural y cultural, material e inmaterial, ¿qué importancia tienen para las nuevas formas de abordar el tema?

El hecho de que la Unesco haya levantado una convención específica sobre patrimonio inmaterial dice mucho del problema que estas distinciones presentan, y no solo como tema, sino también en su administración. En general, los objetos patrimoniales combinan dimensiones materiales e inmateriales. Por ejemplo, el Carnaval de Oruro, en Bolivia, que en 1978 solicitó a la Unesco ingresar en la lista de patrimonio mundial, abriendo la noción de patrimonio inmaterial, contempla una diversidad de manifestaciones inmateriales (relaciones, ritos, creencias, música, danza, oralidad) que se combinan con objetos materiales (imágenes, espacialidades, indumentarias, instrumentos) y que, además, se insertan en un entorno natural. Es difícil clasificar totalmente un objeto dentro de una categoría excluyente, pero todos estos criterios han sido útiles a la hora de evaluar y ampliar la noción de patrimonio.

¿Estas categorías consideran la sostenibilidad del patrimonio?

Estas categorías nos permiten ordenar las políticas que pueden confrontarse dentro de la misma diversidad que plantea un sitio patrimonial. Por ejemplo, existe el Patrimonio Polar, y nosotros organizamos una importante reunión científica sobre ese tema el 2010, en Punta Arenas. Lo más sorprendente para mí fue darme cuenta de que lo considerado patrimonio cultural en territorios antárticos —por ejemplo, las latas de comidas o los restos del trineo de un explorador—, para los ambientalistas defensores del patrimonio natural como Greenpeace es basura, y un potencial riesgo para la fauna. Juegos de poder.

Uno da por hecho que si la Unesco dice “tal cosa es patrimonio”, eso es ley.

La Unesco no declara nada. Esa supuesta declaración indicaría que la Unesco tiene un dedo mágico que declara como patrimonio una cosa determinada, pero en realidad es al revés. Los países participan voluntariamente de este organismo internacional, y ratifican sus convenciones para poder ir a él y decir: “Miren, esto es muy importante en mi país y necesito la cooperación internacional para seguir conservándolo”. Así los países inscriben determinados sitios y se comprometen, por su propia voluntad, a cumplir los deberes que implica tener un bien inscrito como patrimonio. O sea, no es un premio, ni un derecho, sino más bien una larga lista de deberes. Pero, claro, para todos es más cómodo disfrutar de los derechos y que no les recuerden que deben cumplir los compromisos.

¿Pero la Unesco es la que decide qué es o qué no es Patrimonio de la Humanidad?

Ese es un error muy común. Y lo ves por todos lados en la prensa, en los municipios, ahora mismo que se anuncia la celebración de los “Diez años de la declaración de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad”. Esta frase publicitaria es totalmente incorrecta en lo técnico y en lo jurídico. Se debería decir, en realidad, que Chile inscribió los barrios históricos de la ciudad puerto de Valparaíso en la lista de Patrimonio Mundial. Porque el concepto “patrimonio de la humanidad” en la Unesco no existe. La Unesco habla de “patrimonio mundial”, pero no porque una cosa sea patrimonio para todos los seres humanos del mundo, sino porque fue inscrita en la lista de patrimonio de la Convención de Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, donde están representados países de todo el mundo. Es una lógica que responde al sistema internacional. No olvidemos que la Unesco no es una entelequia; tiene como origen el propósito de ser el brazo ejecutor de las políticas culturales y educacionales de la ONU: el juego está enmarcado en la lógica del sistema internacional imperante.

En ese escenario, ¿qué es lo que puede pasar? Pues, que se reproduzca todo lo bueno y todo lo malo de ese sistema internacional, donde hay Estados hegemónicos que imponen su visión. Por lejos, los países europeos llevan la batuta y los subalternos van a la zaga de lo que dicen Alemania, Francia o Italia. ¿Cuáles son los países que tienen más bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial? Los países europeos. ¿Quiénes dictan las distintas categorías de patrimonio a inscribir? Sin lugar a dudas, los europeos.

Pero, ¿cómo llega un sitio o monumento a inscribirse en la lista de patrimonio mundial?

Todos los países que son parte de la Unesco pueden, a su vez, suscribir la Convención de Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Esta convención es, probablemente, la que tiene más adhesiones de países en el sistema internacional; casi todos están representados. Pero no todos tienen inscritos sitios en la lista de patrimonio. Hay varios que están esperando la posibilidad de inscribir alguno. Existe el Comité de Patrimonio Mundial, donde veintiún países representan al resto y administran las decisiones sobre qué incluir y qué no incluir en la lista, entre otras cosas. La Unesco es garante de ese sistema y colabora con la asistencia técnica requerida a través del Centro de Patrimonio Mundial.

"Nosotros somos, más bien, como se entiende a los bomberos en Chile: funcionamos desde la autogestión voluntarista y el precario autofinanciamiento"

“Nosotros somos, más bien, como se entiende a los bomberos en Chile: funcionamos desde la autogestión voluntarista y el precario autofinanciamiento”

¿Y qué rol tienen los órganos asesores como ICOMOS?

Hay varios asesores de esa Convención. Los asesores somos los técnicos que no representamos los intereses de la Unesco ni de los Estados parte: primero, un organismo que es intergubernamental —el ICCROM (Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de los Bienes Culturales) —, y luego dos ONG que somos la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y el ICOMOS. Una de sus misiones más complejas, en mi opinión, es intentar corregir todo ese desbalance de poder político que mencioné, y que atenta contra la equidad que debería tener el sistema de la Convención. Necesariamente, nos confrontamos con el poder político de turno, porque cuando las recomendaciones de ICOMOS llegan vía Unesco a los Estados parte y a las reuniones del Comité de Patrimonio Mundial, rara vez coinciden con los diagnósticos que hacen estos mismos países de su propia gestión patrimonial. Como podrás sospechar, no hay ningún país que frente a sus pares diga: “Estamos muy mal y no hemos invertido en patrimonio”. Todos se evalúan con un siete. Mientras que ICOMOS dice: “Tenemos especialistas nacionales y comités científicos que están monitoreando en terreno siempre y la situación descrita no es exactamente así”. Ahí empiezan los conflictos.

Son como los guardianes del patrimonio.

Ni siquiera. A los guardias les pagas un sueldo, les asignas un poder a través de herramientas y les das una misión que se cumple mecánicamente. Nosotros somos, más bien, como se entiende a los bomberos en Chile: funcionamos desde la autogestión voluntarista y el precario autofinanciamiento (cuotas, inversión personal, etc.), y con una convicción equivalente al rigor científico y profesional que invertimos en esta labor. Porque, aunque algunos lo vean de lejos como una especie de club glamoroso de viajes y reuniones internacionales, debo decir que a mí nadie me paga por ser presidente de ICOMOS. Y que de glamoroso no tiene nada. Yo llego a las reuniones con una mochilita, chancletas, transpirando, bajándome del último avión, tomando la última micro.

Pura fe, entonces.

Pero tampoco es que me crea “el loquito del patrimonio”. Hay mucho de fe, y una parte afectiva importante, pero la cosa es más compleja, porque de verdad es muy urgente preocuparse de esto. Yo a ratos soy medio peleador y, si bien no pertenezco a ningún partido político, ni a algún otro grupo de interés fuera de mi conciencia, me molesta mucho el abuso de poder. Por eso en varios textos cito el anatema “el saber interroga al poder”. Más acá de la fe, hay una actitud ética que intento imprimir a mi trabajo, y es entender que desde fuera de los poderes fácticos y materiales se puede hacer valer ciertos argumentos, y así legitimar decisiones en el mundo real.

¿Y qué influencia real ejerce ICOMOS en las decisiones finales de la Convención de Patrimonio administrada por la Unesco?

Obviamente, el Comité de Patrimonio Mundial y la Asamblea General de la Unesco les cree, en primer lugar, a los Estados. No olvidemos que es un club intergubernamental, y será la vía diplomática la que finalmente exprese la voluntad de los países. Sin embargo, aunque no lo reconozcan, si nosotros decimos que la cosa anda mal, ellos saben que es así, y eso influye en los argumentos y en las decisiones que se toman. Si esto solo fuera una relación entre Estados parte, y no existieran órganos asesores externos, sería una hoguera de vanidades insoportable y habría un muñequeo político descontrolado que, finalmente, desactivaría la credibilidad de la Unesco en su conjunto.

¿Y ha habido peleas políticas muy fuertes en las reuniones de la Unesco?

Todo el tiempo. Cuando, en 2011, el Estado Nacional Palestino fue reconocido e incorporado a la Unesco, y luego suscribió la Convención de Patrimonio Mundial, Estados Unidos de Norteamérica congeló su relación con la Unesco, cortando su aporte financiero y, en definitiva, castigando esa decisión. Buscaban presionar al sistema e impedir que entrara Palestina. La directora general de la Unesco ha tenido que hacer esfuerzos desesperados para reencantar al presidente Obama. Palestina solicitó al Comité inscribir Belén como su primer sitio en la Lista de Patrimonio Mundial. Podrás imaginar la reacción airada de Israel y Estados Unidos.

Como ICOMOS, intentamos que los argumentos ponderados sean más técnicos, que realmente haya cooperación internacional, y que los países ricos aporten más recursos a la Unesco, y que estos lleguen a los países más débiles, como los africanos, que tienen poco poder de acción en el sistema internacional, pero que atesoran un impresionante patrimonio en sus territorios.

¿Cuál es la importancia real de tener un sitio inscrito como Patrimonio Mundial?

Es un cartel, una marca y un gran negocio potencial. Y eso también afecta el rol y la seriedad de la Unesco, porque ella está sometida a muchas presiones del mercado y de todo tipo. A los Estados parte les conviene tener un sitio patrimonial, tal como les podría convenir ser sede del Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos. Es vanidad simbólica que se traduce inmediatamente en capital simbólico y, por tanto, es una línea de crédito en el gran negocio del turismo.

O sea, el turismo patrimonial genera muchísimos ingresos…

Es verdad, pero el más sencillo esquema económico supone que al final de la cadena de valor existan consumidores satisfechos, por lo que no podemos convertirnos en simples consumidores de pasivos de patrimonio, sino también en personas que participan en los procesos de asignación de valor. Deberíamos producir experiencias de conocimiento, donde el turista sea un sujeto que participa de la relación, que ejerce influencia sobre el valor asignado a las cosas y se lleva a su casa la satisfacción de haber sido parte de la historia, y no el resultado de un exótico viaje que al otro día ya se le confundió con las próximas vacaciones.

Esa cadena de la producción patrimonial se ha trabajado poco en Chile, donde el rol que les cabe a las comunidades no es solo ser anfitriones de visitantes pasivos, sino también productores e intérpretes de esta experiencia patrimonial.

"Lo urgente, ahora, es coordinar una política pública y multisectorial que ponga la tutela del Estado como garante de la identificación, rotección y promoción del patrimonio"

“Lo urgente, ahora, es coordinar una política pública y multisectorial que ponga la tutela del Estado como garante de la identificación, protección y promoción del patrimonio”

Si propusiera tres líneas principales de acción para orientar la gestión patrimonial en Chile, ¿cuáles serían?

Lo primero es ordenar la casa. Las insuficiencias legales en Chile se deben a la descoordinación intersectorial del Estado. Ni siquiera es falta de dinero. Lo urgente, ahora, es coordinar una política pública y multisectorial que ponga la tutela del Estado como garante de la identificación, protección y promoción del patrimonio, en toda su diversidad y complejidad. No es fácil, pero lo deseable sería una iniciativa legal que parta de una discusión en las comunidades y que, efectivamente, llegue a una discusión parlamentaria informada y comprometida. Lo segundo es nuestra deuda con el conocimiento de nuestro patrimonio: es enorme el déficit de inversión en investigación dura. Y lo tercero es que, si hemos hecho tantos esfuerzos como sociedad por tener un reconocimiento en el mundo, abriéndonos a la globalización y felicitándonos por ser parte de clubes exclusivos como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), deberíamos completar esa internacionalización con una acción sustentable en el largo plazo.

Esto supone cumplir con las obligaciones emanadas de los tratados y las convenciones internacionales, y además tener una voz en el contexto mundial. La misma solidaridad con que actuamos en Haití podríamos desplegarla en otros países que pueden necesitar a nuestros técnicos y especialistas en patrimonio. Uno podría, así, imaginar una política pública que se implemente desde una diplomacia patrimonial.

Fuente: Revista PAT N°56 (DIBAM).